El Ayuntamiento de Burriana da luz verde a una línea de ayudas complementarias dirigidas a autónomos, pymes y empresas

El Ayuntamiento ha aprobado las bases reguladoras de la nueva línea de ayudas económicas dirigidas a autónomos, pymes y mutualistas locales, que con un presupuesto de 400.000 euros, complementarán las proporcionadas por la Generalitat Valenciana y por el Gobierno de España, según ha adelantado la alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont. 

Al respecto, ha asegurado que esta iniciativa constituye “una más de las medidas implementadas por el consistorio dentro del plan municipal para colaborar en la reactivación económica y comercial de la ciudad”, y ha indicado que cuentan ya con los informes favorables de la Dirección General de la Administración Local de la Generalitat Valenciana, tanto de sostenibilidad financiera como de inexistencia de duplicidad de las ayudas.

¿Qué cubren las ayudas?
Las ayudas podrán cubrir los gastos corrientes como la luz, el agua, el alquiler, el mantenimiento de programas informáticos, las cuotas de autónomos y las modificaciones que se hayan hecho en el local de trabajo para cumplir con las normativas sanitarias vigentes, o los gastos de gestoría.
Con estas ayudas, ha destacado la alcaldesa, el consistorio pretende complementar las ayudas que los gobiernos estatal y autonómico han puesto a disposición de los autónomos, para hacer frente a los costes económicos que han sufrido a causa de la Covid-19, “una manera de apoyar y ayudar a las pequeñas empresas locales en su recuperación económica”.
Se trata, ha subrayado, de “una de las medidas que estamos impulsando apoyadas por todos los grupos políticos y que se aplican de cara a la nueva normalidad, dentro del plan para la reactivación de la economía local puesto en marcha por el Ayuntamiento, y que sigue avanzando”.

Objeto de las ayudas:
De esta forma, según ha explicado Maria Josep Safont, la estrategia global incluye medidas y acciones urgentes complementarias en el ámbito social y económico, vinculadas, entre otras cuestiones, a la agilización del pago a proveedores y a la fiscalidad con la flexibilidad del calendario, retrasando más de dos meses el periodo de pago voluntario e incrementando las bonificaciones y exenciones en determinadas tasas e impuestos.

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