La Comisión Europea combate la morosidad

Aunque la situación ha mejorado algo en los últimos años, en la Unión Europea sigue habiendo morosidad en las transacciones comerciales entre las empresas o entre éstas y los poderes públicos.

Ello frena el desarrollo de las empresas e incluso provoca quiebras de empresas viables, especialmente pequeñas y medianas (PYME).

Lamentablemente, hasta ahora, el comportamiento de los poderes públicos en materia de pagos tampoco ha sido encomiable. Por ello, ante la crisis actual, varios Estados miembros han empezado a tratar este problema a nivel nacional.

La Comisión, basándose en un compromiso de la Small Business Act (Ley de la Pequeña Empresa), ha sugerido un nuevo planteamiento político para afrontar el problema de la morosidad y propone introducir cambios sustanciales en la Directiva sobre la morosidad de 2000. La Comisión sugiere que los poderes públicos den ejemplo y, por norma, paguen sus facturas en un plazo de treinta días.

Paralelamente, la Comisión se compromete a acelerar el pago de los bienes y los servicios para lograr plenamente los objetivos en materia de pago de facturas, en algunos casos aplicando incluso plazos más cortos que el actual plazo legal.

Günter Verheugen, Vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de Empresa e Industria, ha declarado: «No debemos seguir tolerando la morosidad de las administraciones públicas. La propuesta de combatir la morosidad de las empresas supone una importante contribución para superar la crisis económica, ayudando a evitar nuevas quiebras y favoreciendo la tesorería de las empresas europeas para reforzar su competitividad a largo plazo.»

Los cambios propuestos reflejan la importancia de pagar a tiempo a las empresas, especialmente a las PYME:

+ Por norma general, los poderes públicos deberían pagar en un plazo de treinta días o abonar intereses, una compensación por los costes de cobro y una compensación a tanto alzado equivalente al 5% de la cantidad adeudada, aplicada desde el primer día de retraso. En los casos debidamente justificados, pueden alargarse los plazos de pago.

+ Se respetará la libertad de contrato en las relaciones entre empresas, pero en caso de morosidad éstas podrán reclamar intereses de demora y una compensación por los costes de cobro.

+ Se endurecerán las normas sobre los contratos manifiestamente abusivos.

La propuesta tiene por objeto mejorar la tesorería de las empresas europeas, aspecto especialmente importante en tiempos de crisis económica, y favorecer el buen funcionamiento del mercado interior eliminando los obstáculos a las transacciones comerciales transfronterizas vinculadas a este problema.

Esos objetivos se conseguirán poniendo a disposición de los acreedores los instrumentos necesarios para que ejerzan plena y eficazmente sus derechos cuando no cobran a tiempo y aplicando a las administraciones públicas medidas que las disuadan de no pagar en los plazos establecidos.

Esta nueva normativa, que podría entrar en vigor en 2010, es opcional para las empresas, y no están obligadas a aplicarla. Si lo desean, pueden alargar los plazos de pago en beneficio de sus clientes.

Causas y efectos de la morosidad

Las causas de la morosidad en las operaciones comerciales y la correspondiente pasividad de muchos acreedores son diversas:

1 La estructura del mercado: el nivel de competencia en un mercado, el poder de mercado de los participantes en el mismo y el correspondiente miedo a dañar las relaciones comerciales con los clientes son factores importantes que determinan si los acreedores aceptan o rechazan la morosidad y si los deudores buscan una ampliación del periodo de crédito comercial.

2 El ciclo económico: un ciclo económico negativo puede aumentar la morosidad porque las empresas retrasan el pago de sus facturas. Además, las empresas tienen menos capacidad para generar efectivo en sus operaciones y los bancos pueden reducirles el crédito.

Sin embargo, la mejora de las condiciones económicas también puede causar un aumento de la morosidad de algunas empresas porque tienen más oportunidades de inversión y, en consecuencia, necesitan más financiación.

3 El acceso a la financiación y las restricciones presupuestarias: la disponibilidad de crédito, la política monetaria, la transmisión y la naturaleza de la información relativa al crédito, la situación de la empresa en cuanto a liquidez y la puesta a disposición de recursos financieros por parte de los bancos pueden influir también en la morosidad, especialmente de las empresas para las que el crédito es sustitutivo de la financiación por parte de los proveedores.

4 La organización interna de los acreedores y los deudores: las prácticas de gestión financiera de los deudores (incluidos los poderes públicos) y las prácticas de gestión del crédito de los acreedores, así como la calidad de sus productos y servicios y de sus servicios de postventa, son factores importantes para evitar la morosidad.

5 La ausencia de soluciones efectivas y eficientes: a pesar de la Directiva 2000/35/CE, muchas empresas, en particular las PYME, no cobran intereses cuando tienen derecho a hacerlo. Para algunos acreedores, actuar contra la morosidad tiene un coste que no se ve compensado por los beneficios financieros obtenidos.

En muchos casos, no es posible recuperar los costes de los trámites adicionales. Las reclamaciones a los clientes morosos o el cobro de intereses por los pagos con demora generan gastos administrativos que muchas empresas prefieren evitar. La morosidad resulta especialmente deplorable en el caso de los

poderes públicos, que no están expuestos a las mismas limitaciones financieras que las empresas.

Por otro lado, la morosidad en las operaciones comerciales tiene efectos importantes:

+ La morosidad tiene un coste significativo para las empresas acreedoras. En general, la morosidad da lugar a problemas de tesorería, costes financieros adicionales y pérdidas de oportunidades de inversión y aumenta la incertidumbre en muchas empresas acreedoras, especialmente las PYME, sobre todo en momentos en que la financiación es cara y limitada. La consecuencia es que a menudo se ve comprometida su competitividad y solvencia.

+ Las empresas deudoras y los poderes públicos que no pagan dentro de los plazos se benefician de un crédito comercial gratuito.

+ La morosidad tiene un impacto negativo en el comercio intracomunitario. En la mayoría de los Estados miembros, las empresas consideran que la venta de bienes y servicios a empresas y administraciones en otros Estados miembros conlleva mayor riesgo de morosidad. Entre otros factores, este mayor riesgo de morosidad disuade a las empresas de vender productos y servicios en otros Estados miembros porque aumenta la incertidumbre y el coste de sus negocios. Los plazos de pago muy largos en los contratos públicos y la morosidad de los poderes públicos disuaden también a los agentes económicos de participar en los procedimientos de contratación pública.

Ello, a su vez, reduce las posibilidades de que los poderes públicos obtengan la opción más rentable.